El gobierno de México anunció que se evaluará un posible proceso legal contra SpaceX, luego de que restos de uno de sus cohetes cayeran en varias zonas del estado de Tamaulipas, especialmente en Playa Bagdad, Matamoros. Las autoridades ya analizan los impactos ambientales y de seguridad, así como el cumplimiento de normas internacionales, para determinar si es necesario presentar demandas formales.
En la costa tamaulipeca se han hallado millones de fragmentos de plástico, caucho, aluminio e incluso tanques de varios kilos, parte del propulsor que se desintegró en su reingreso. La ONG Conibio Global documentó cómo, en solo medio kilómetro de playa, retiraron una tonelada de residuos, y denunció que el impacto alcanza al ecosistema —incluidas tortugas lora— y a pescadores locales. Funcionarios de PROFEPA y SEMARNAT ya realizan inspecciones y tomas de muestras en zonas críticas como el Río Bravo y Playa Bagdad.
Por su parte, SpaceX ha respondido que no hay riesgo químico ni tóxico en los escombros y que colabora con autoridades mexicanas para recuperarlos. Sin embargo, ambientalistas alertan sobre la “micro basura espacial” dispersa a lo largo de más de 40 km de costa y la amenaza que representa para la fauna marina. Mientras tanto, México evalúa posibles acciones legales si se confirman violaciones a tratados internacionales, lo que podría marcar un precedente en la regulación del paso transfronterizo de basura espacial.
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