El gobierno de Nicolás Maduro presentó este martes una nota oficial a la Organización de las Naciones Unidas demandando garantías concretas de que Estados Unidos no desplegará armas nucleares en América Latina y el Caribe. La Misión Permanente de Venezuela denunció la llegada planeada del crucero de misiles USS Lake Erie y del submarino de ataque nuclear USS Newport News como una “grave amenaza a la paz y seguridad regionales” y un “claro acto de intimidación”, especialmente en una región declarada “zona libre de armas nucleares” por el Tratado de Tlatelolco.

En respuesta, Caracas activó un despliegue militar masivo con 15,000 efectivos, buques de gran calado, patrullas navales y operaciones con drones, todo en el marco de la denominada “Operación Relámpago del Catatumbo”. El objetivo declarado fue reforzar la vigilancia territorial y disuadir amenazas externas en sus fronteras marítimas y terrestres. Además, el canciller Yván Gil solicitó ayuda del secretario general de la ONU, António Guterres, para “restablecer la sensatez” en la región, frente a lo que califican de “falsas narrativas” que justifican intervenciones estadounidenses.

Este reclamo se enmarca en una tradición de intervenciones estadounidenses en América Latina. Históricamente, EE.UU. ha actuado con injerencia militar o política en varios países, desde la ocupación de Haití entre 1915 y 1934, al golpe de Estado en Guatemala de 1954 orquestado por la CIA, hasta la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al general Noriega. Además, el corolario Roosevelt de 1904 representó una expansión de la Doctrina Monroe, que legitimaba la intervención estadounidense en América Latina bajo pretexto de “orden público”