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En abril de 2025, la administración de Donald Trump envió a Harvard una serie de exigencias consideradas ideológicas, como auditar la diversidad de opiniones entre estudiantes y profesores, censurar clubes pro-Palestina y reportar a estudiantes extranjeros al gobierno. Al negarse, la universidad sufrió la congelación inmediata de cerca de 2.2 mil millones de dólares en fondos federales destinados a investigación y programas esenciales, además de enfrentar amenazas sobre su estatus libre de impuestos y la posibilidad de vetar visados para estudiantes internacionales.

Sin embargo, el 3 de septiembre, la jueza federal Allison Burroughs falló a favor de Harvard, declarando que la congelación de fondos fue ilegal e inconstitucional, ya que violó la Primera Enmienda y procesos administrativos constitucionales. Aunque reconoció que la universidad podría mejorar su manejo de denuncias de antisemitismo, la magistrada concluyó que la administración utilizó ese argumento como un pretexto para imponer control ideológico. El gobierno federal anunció que apelará la decisión, elevando el conflicto a un nuevo nivel.Este enfrentamiento se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Trump para restringir la influencia de la llamada “ideología woke” en las universidades.

Harvard se convirtió en el bastión de la oposición, en contraste con otras instituciones como Columbia y Brown, que optaron por acuerdos para recuperar recursos. El presidente de Harvard, Alan Garber, aseguró que el fallo reafirma la autonomía universitaria frente a presiones políticas. La victoria judicial, celebrada por académicos y figuras progresistas, podría establecer un precedente clave en la protección de la libertad de cátedra y gestión institucional frente a futuras interferencias gubernamentales.