El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó condena de 27 años y 3 meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La sentencia incluye cargos como intento de abolir violentamente el orden democrático, participación en organización criminal armada, daños a bienes públicos, amenazas graves al patrimonio nacional y hasta un supuesto plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además de este proceso principal, Bolsonaro enfrenta múltiples investigaciones y acusaciones. Una de ellas se refiere a un esquema de espionaje con la inteligencia brasileña: según la policía federal, Bolsonaro y 35 asociados habrían utilizado la Agencia de Inteligencia para vigilar a jueces, legisladores y periodistas con fines políticos. Otro escándalo involucra presuntas irregularidades financieras: entre marzo de 2023 y febrero de 2024, se le acusa de recibir más de 30 millones de reales (5 millones de dólares) mediante transacciones dudosas, lo que está siendo investigado como posible lavado de dinero.
También hay casos de corrupción y tráfico de influencias en áreas que involucran su gobierno directo. Por ejemplo, Milton Ribeiro, exministro de Educación bajo Bolsonaro, fue detenido tras ser acusado de favorecer con recursos públicos a aliados religiosos, mediante maniobras para el manejo de fondos del Ministerio de Educación (MEC). Otro escándalo conocido es el llamado “Bolsolão do MEC”, donde se denunciaron negociaciones indebidas e intervención de líderes religiosos (pastores) para definir qué municipios recibían partidas del MEC.
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