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La historia de este desplazamiento no es reciente. Sus raíces se remontan a 1953, cuando se emitieron los primeros títulos ejidales que, lejos de traer certeza, desataron conflictos que perduran hasta hoy. Desde las décadas de los sesenta y setenta comenzaron los enfrentamientos y asesinatos en torno a la posesión del territorio. En los años ochenta, la violencia cobró la vida de Julio Baldenegro.

En 1992, cuando se reconoció a tres familias mestizas que nunca habían vivido en la comunidad, la tensión volvió a crecer. A partir del año 2000, estas familias promovieron asambleas para delimitar el territorio, lo que fortaleció la resistencia indígena. Sin embargo, el costo ha sido alto.

Entre 2016 y 2018, la violencia arrebató la vida a varios defensores del territorio: Víctor Carrillo, Isidro Baldenegro, Juana Villa, Guadalupe Carrillo, Antonia Cruz y Julián Carrillo, este último, presidente de bienes comunales y una de las voces más visibles en la defensa del bosque.

Cuentan la historia de quienes vivían en la comunidad y su bosque

Los mapas están creados en lienzos blancos que han tomado forma con hilos de colores, han trazado los arroyos, los caminos, el bosque, la vida en su comunidad, ahora desplazada. Los mapas dan cuenta de todo lo que el crimen organizado les arrebató y las heridas que dejó toda la violencia que siguen viviendo. 

En cada mapa trazan la llegada de hombres armados, la construcción de pistas aéreas clandestinas, las concesiones mineras, casas incendiadas, defensores asesinados y todo el caos, la devastación y la tristeza que dejó la violencia sobre su pueblo. 

De acuerdo con los testimonios de pobladores desplazados, el primer mapa elaborado representa el tiempo en que la comunidad vivía en paz, sin enfrentamientos ni presencia de grupos armados. En ese periodo, no había tala de madera ni amenazas, y las familias mantenían su modo de vida tradicional, ligado a la tierra y al bosque.

El segundo mapa, explicaron, muestra el inicio del desplazamiento y de la violencia. Fue cuando comenzaron los asesinatos de las autoridades tradicionales o gobernadores rarámuri, quienes defendían los territorios, los bosques y los derechos comunales frente a la tala ilegal y la invasión de tierras. A partir del 2018, su historia de desplazamiento se agravó tras el asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez.